Al alba del 1 de marzo de 2008, la aviación colombiana atacó un campamento guerrillero situado en territorio ecuadoreňo, asesinando al comandante de las FARC-EP, el compaňero Raúl Reyes, miembro de la Secretaría de las FARC-EP y a otros componentes de la columna guerrillera. La operación militar fue posible gracias al apoyo tecnológico decisivo de la inteligencia estadounidense y gracias al Comando Sur de los Estados Unidos, según sus propias declaraciones. El Presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha admitido el enésimo acto de violación del derecho internacional con la ingerencia el territorio de un país soberano como Ecuador.

El comandante Reyes, responsable de Relaciones Internacionales de las FARC-EP, desde siempre se había comprometido en la solución política del grave conflicto social y armado que desangra el país desde hace décadas. Como ha recordado el secretario del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caysedo, el comandante guerrillero Raúl Reyes murió defendiendo los ideales por los que había luchado toda su vida, los de una Colombia libre y soberana, los de una paz con justicia social, los de una sociedad socialista. En los pasados aňos, durante las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno Pastrana, había visitado en misión diplomática, entre otros países, Italia y se había reunido con distintas autoridades e instituciones. En los últimos meses, Raúl Reyes había jugado un rol clave en la liberación de los rehenes en manos de la guerrilla, confirmando así la voluntad de diálogo de esta organización y la posibilidad real de una solución política. La misma solución pedida a gritos, entre otros, tanto por parte de los familiares de los rehenes y de los prisioneros de guerra en manos de las fuerzas guerrilleras como por parte de los de miles de guerrilleros y prisioneros políticos en cárceles del  gobierno colombiano.

El objetivo principal de este asesinato criminal es impedir la gestión a favor del intercambio humanitario de prisioneros entre gobierno y guerrilla y, al mismo tiempo, alejar la perspectiva de la solución negociada del conflicto. Es un duro golpe a la paz y a los gobiernos europeos y latinoamericanos (en primer lugar, al venezolano) que más se han comprometido en el intercambio humanitario, en la solución política y en la paz en el continente latino-americano. Un acto en abierta violación de la soberanía de Ecuador y que ha sido condenado por todos los países latinoamericanos y por los gobiernos europeos. No es la primera vez que Uribe comete actos de piratería internacional. Entre los casos más conocidos, los secuestros de los dirigentes guerrilleros Ricardo Palmera (alias Simón Trinidad) en Quito y de Rodrigo Granda (alias Ricardo) en Caracas, ambos comprometidos en gestiones diplomáticas para el intercambio de prisioneros.

Todavía el gobierno colombiano, aliado incondicional de Bush en América Latina y de su política de guerra infinita, del que el “Plan Colombia” es parte integrante y decisiva, se confirma como un factor grave de desestabilización en el continente. La tensión creciente en las fronteras con Venezuela y Ecuador es el fruto envenenado de la política de guerra de Uribe, que goza del apoyo financiero y logístico del gobierno de Estados Unidos. En la Colombia de Alvaro Uribe, elegido gracias al apoyo de la oligarquía, de los narcotraficantes y de los paramilitares, no hay ni paz, ni respeto de los derechos humanos. Entre 1982 y el 2005, el terrorismo de Estado ha sido responsable de más de 3500 masacres y los paramilitares se han apropiado de cerca de seis millones de hectáreas de tierra. Desde el 2002, los miembros de las fuerzas armadas han cometido más de 950 ejecuciones extrajudiciales, presentando a la mayor parte de las víctimas (líderes sociales o sindicales) como presuntos guerrilleros. Sólo en enero de 2008, las Fuerzas Armadas han sido responsables de 16 ejecuciones extrajudiciales y los paramilitares han cometido dos masacres, nueve desapariciones forzadas y 8 homicidios. A diferencia de lo declarado por el Presidente Uribe, los grupos paramilitares no se han desmovilizado nunca. Aunque el paramilitarismo controla el 35% del Parlamento, y más de 60 cargos públicos, entre diputados, senadores, embajadores, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, han sido acusados de colaborar con los criminales planes de exterminio de masa, hoy todavía siguen ocupando cargos oficiales. La mayor parte de estos Crímenes de Lesa Humanidad goza de total impunidad. Mientras gran parte de la población colombiana está muy por debajo del umbral de pobreza, el gasto militar ha aumentado enormemente, superando el 6.5% del PIB. El 65% del total de las inversiones previstas por el gobierno nacional es destinado a financiar la guerra a su propio pueblo.

El Partido de la Refundación Comunista-Izquierda Europea hace un llamamiento a la comunidad internacional, a los gobiernos latinoamericanos y europeos, a las organizaciones políticas y sociales a luchar contra la política de Alvaro Uribe y a trabajar por la solución política del conflicto que pueda parar las trágicas consecuencias de la guerra para toda la sociedad colombiana. Creemos que Italia debe suspender la suministración y la venta de armas al gobierno de Bogotá, respetando la ley 185. Expresamos nuestra apreciación por la elección de las FARC de querer insistir en la búsqueda de una solución pacífica y del intercambio humanitario, a pesar del asesinato a sangre fría de Raúl Reyes y de sus compaňeros. El PRC-SE, que se ha comprometido siempre a favor de un intercambio humanitario y de una solución política del conflicto, se une a las movilizaciones en Colombia y en el mundo el próximo 6 de marzo “por la paz y el intercambio humanitario”.

Fabio Amato
Responsable Nacional del Departamento de Relaciones Internacionales
PRC-SE

Roma, 3 de marzo de 2008